LAS DIRECTIVAS DE LAS COMUNIDADES DE MONTES PRETENDEN DISCUTIR EN CONJUNTO LAS CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN
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M.F. - VilagarcÍa
Los comuneros vilagarcianos, caldenses y catoirenses afectados por la ubicación
de un parque eólico en la zona de reserva de Xiabre estudian asociarse para
negociar conjuntamente las condiciones ofertadas por la empresa para la
instalación de los aerogeneradores.
En el transcurso del debate sobre energía eólica celebrado el pasado martes
en el Concello de Meis, los responsables de las comunidades propietarias de
terrenos en esa zona (Abalo, Paradela, Saiar y Cea) proyectaron la celebración
de un nuevo encuentro en el que estudiarán la posibilidad de unirse para llevar
a cabo una negociación conjunta "lo que no imposibilita que cada una
defienda los derechos de los comuneros de su zona" a fin de conseguir,
sobre todo, mejores condiciones económicas.
Explicaron que la empresa que explota el parque eólico de Lalín abonaba por
cada aerogenerador a las comunidades de montes Ðque habían llevado
conjuntamente la negociaciónÐ unos 2.700 euros anuales (450.000 pesetas)
mientras que a ellos se les había ofrecido menos de la mitad, en concreto
1.300.
Los comuneros consideran insuficiente esta cantidad, "teniendo en cuenta
los perjuicios que vamos a soportar". No les convencen las explicaciones
dadas por Engasa, Ðla empresa mejor postulada para obtener el permiso de
explotación de la zona que la Consellería Industria espera otorgar a finales
de este mesÐ y reiteran que el parque impedirá el normal desarrollo de las
actividades comunales.
En primer lugar, inciden en los problemas que supondrá para las labores de
caza "por ser la zona alta, estratégica para la cría del conejo" ,
difiriendo además de que el viento impida la presencia de árboles en ese
terreno. "Sí puede haberlos como lo demostró la repoblación realizada
por la Forestal. Lo único que no se dan son ciertas especies como el
eucalipto", explican.
Pero para ellos, el perjuicio mayor será la realización de obras a fin de
acometer los accesos a la superficie que acoja el parque, el vallado de la
subestación y la instalación de un cableado en la zona para posibilitar el
traspaso de energía entre los aerogeneradores.
Todos esos inconvenientes fueron analizados en el encuentro del martes, en el
que también participaron las comunidades de montes afectadas por el parque eólico
a ubicar en Castrove, que también proyectan asociarse en la defensa de
intereses comunes.
En la reunión se explicó que los propietarios afectados por parques eólicos
construídos en otros puntos de la comunidad autónoma solicitaban 0,6 pesetas
por kilowatio/hora instalado, lo que según los cálculos de los propios
comuneros supone embolsarse un canon del 6 por ciento de los ingresos brutos
anuales de las empresas concesionarias, fijados en diez pesetas por kilowatio y
hora.
Los ciudadanos pueden exigir "energía verde"
Con respecto a la influencia que tendrá para el consumidor la
proliferación de estaciones eólicas, el responsable de Engasa, Benito
Fernández, explicó que el ciudadano tiene derecho a exigir que el origen de su
energía sea renovable, es decir, que pueda disponer de lo que se denomina
"energía verde".
Su llegada a las viviendas se canaliza a través de una conexión directa a
la red, que conduce a la torre de energía, cuya ubicación dependerá de la
capacidad de la zona. Según Fernández, la cercanía de los usuarios a la
central de generación "mejora la calidad del suministro".
En referencia al tema económico, Benito Fernández se mostró dispuesto a
negociar con los comuneros aunque adelantó que las cantidades no podían ser
muy elevadas "si se quiere garantizar la rentabilidad, ya que la inversión
que hay que realizar es muy alta".
Por su parte, los comuneros consideran que "mientras la amenaza de
expropiación continúe, las negociaciones con las empresas eléctricas carecen
de la fuerza suficiente para conseguir contrapartidas justas".
Entienden que la administración autonómica "debe replantear el actual
desarrollo de la energía eólica mediante una planificación racional, dejando
a las comunidades la decisión última sobre la instalación de parques" y
denuncian que su regulación sobre este tema "es claramente
insuficiente".
La empresa Engasa, Energía de Galicia, está formada por veintidós
empresas de electricidad gallegas que rechazaron la oferta de compra de Fenosa.
Entre ellas están una firma de Catoira y otra de A Illa de Arousa. Además la
Xunta de Galicia posee un 5,41 por ciento del capital de la firma.