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Viernes, 29 de agosto de 2003

DEZA-TABEIRÓS

LOS SINDICATOS DENUNCIAN LA DESPROTECCIÓN DE LOS AGRICULTORES FRENTE A LA DEJADEZ DE LA XUNTA

La oficina agraria de Lalín tramita daños del jabalí, pero no hay ayudas

Xoel Ben / deza

Los recientes destrozos provocados por el jabalí esta semana en Dozón, Silleda y Cruces, principalmente han vuelto a poner en pie de guerra a los agricultores de la comarca. El ataque a los cultivos de maíz que año tras año se viene repitiendo en todo el Deza no parece remitir según las numerosas quejas que están recibiendo los distintos sindicatos agrarios y la oficina municipal agraria. En Dozón, José Presas, presidente de la Cooperativa Gandeira do Sixto se muestra preocupado porque al jabalí no lo detiene nadie y la Xunta no quiere correr con los gastos de los desperfectos causados. "Teño unha finca aclara Presas onde o xabarín lévame destrozado máis dun tractor de millo e véxome sen nengún tipo de apoio porque Medio Ambiente non quere pagar e os cazadores tampouco". La desesperanza de José es compartida por labradores de Silleda y de Cruces, donde los ataques se saldan con una media de tres "ferrados" inservibles a cada agricultor.

En Lalín, el concello, desde la oficina agraria únicamente se presta a tramitar la denuncia por daño patrimonial. Esta, según la vigente normativa no sirve para reclamar ningún tipo de ayuda puesto que la Consellería de Medio Ambiente dice no ser responsable. Así, el cometido de esta oficina agraria es informar de los daños para que un guardia forestal los cuantifique. Para Unións Agrarias el papel que tendría que desempeñar esta oficina sería el de ayudar jurídicamente, poniendo los abogados del concello a disposición de los labradores.

Por su parte Medio Ambiente afirma que pagará sólo los daños que causa el lobo. Ya que el control del jabalí, al igual que el de los corzos, como especies cinegéticas que son corresponde a los tecores (antiguos cotos de caza). Con esta tesitura los afectados se encuentran enfrentados a sus propios vecinos, miembros estas sociedades. Los cazadores se defienden de esta responsabilidad acusando a la Xunta de falta de prevención para gestionar las manadas de jabalíes. Estas, señalan, serían más controlables si la delegación de Medio Ambiente autorizase un mayor número de batidas. Román Santalla, secretario de Unións Agrarias recuerda a esta delegación que en los últimos cinco años únicamente en agosto de 2002 se permitió una batida. Santalla se pregunta por qué culpan a los Tecores cuando nada les permiten hacer y añade: "Ao final quen perde é o labrego".

El teléfono de la delegación, inservible

El número 986 805 438 de la Delegación de Medio Ambiente en Pontevedra es un curioso caso de desinformación. Si cualquier afectado intenta llamar para denunciar los daños ocasionados se puede encontrar con la cómica situación de que la respuesta sea que el funcionario que lo atiende está de vacaciones o incluso que en ese número no se gestionan ningún tipo de ayudas, lo cual es cierto, porque la consellería únicamente cuantifica. Y eso con suerte, porque en muchas ocasiones ni se atiende. Desde la oficina agraria de Lalín se insiste en que este teléfono sí que es atendido y es allí donde se recogen los datos de los daños causados por el jabalí. En cualquier caso sólo los datos, porque hasta el momento la Consellería de Medio Ambiente declina su responsabilidad en este asunto, achacando la misma a los Tecores.

El SLG subraya la inviabilidad de los seguros

Hasta el momento, las propuestas de la Consellería se basan en recomendar que los tecores aseguren sus cotos y los labradores las explotaciones. Para el Sindicato Labrego Galego, según un informe hecho público ayer, estas medidas son inviables, sin solucionar el problema. El SLG explica que las compañías no aseguran las múltiples parcelas de los agricultores pequeñas en su mayoría. En el caso de los Tecores las aseguradoras cubren los daños ocasionados por los accidentes de tráfico pero no la responsabilidad civil de los perjuicios causados en las explotaciones ganaderas. De este modo el sindicato reivindica que la Xunta se haga cargo de estos daños creando un fondo de compensación costeado con el dinero recaudado por las licencias de pesca (más de dos millones de Euros anuales). Pide también la creación de una comisión evaluadora.

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