Francisco Puch (presidente de la Comunidad de Montes de Chapela), Álvaro Martínez (de Moscoso-Pazos de Borbén) y Gonzalo Ramiro (representante de Moreira-Soutomaior), en FARO . / RICARDO GROBAS

Los comuneros de la comarca temen por la supervivencia de sus entidades a raíz de los incendios de este año.


Iván Leis / REDONDELA


Tras arder este verano el 70 por ciento del monte que veinte comunidades gestionan en los municipios de Redondela, Soutomaior y Pazos de Borbén, los comuneros tendrán que enfrentarse en el año 2007 a la incertidumbre. Pese a las "buenas intenciones" que vieron en su reunión en Santiago con el director xeral de Montes, Alberto Blanco, los comuneros de la comarca ven el futuro con preocupación. Francisco Puch, presidente de la Comunidad de Montes de Chapela; Álvaro Martínez, de Moscoso (Pazos de Borbén); y Gonzalo Ramiro, secretario de la junta rectora de Moreira (Soutomaior), analizaron en FARO las razones de su temor incluso a la desaparición de las comunidades "y con ellas el patrimonio forestal del pueblo".
o La madera quemada sigue amontada en los montes. La Xunta confía en retirar toda a lo largo de 2007, debido a su gran volumen, "pero mientras tanto va perdiendo valor", dice Puch. "Todavía se está sacando lo que ardió en 2005 y fue mucho menos", indica Martínez.
o Los precios. En la "Mesa da Madera", la Xunta de Galicia y las comunidades acordaron que en las subastas, el precio de los árboles quemados sea parejo al de los que no ardieron. "Pero allí no estaban los madereros", señala Gonzalo Ramiro, y por ello "van a subasta lotes y quedan desiertos porque nadie puja por ellos". Los precios de salida para la madera que se debe subastar (por proceder de montes sujetos a convenio con la Xunta) son muy superiores al precio de mercado (el que se establece directamente entre propietario e intermediario).
o Fiscalidad. "As comunidades ás que lle ardeu todo -14 en la comarca- van ter un gran problema", advierte Martínez. Aunque consigan vender la madera que se salvó, "teñen que pagar a Hacienda en ciclos de tres anos", cuando "pasarán 20 ou máis ata que volvan ter madeira comercializable", dice el representante de Moscoso. De ahí que las comunidades de montes afectadas pidan una suspensión de declaración de 15 años, para que los ingresos que logren ahora no se pierdan en impuestos e intereses. "Nos tratan como empresas cuando hacemos una labor social, lo que se gana por la madera se revierte en el monte", subrayan. Ponen como ejemplo obras de traída de aguas o la creación de zonas de esparcimiento.
o Puesta en valor. Según Puch, "la sociedad no sabe cuál es la función de las comunidades montes". Las juntas rectoras gestionan la producción de la madera, pero "el monte es universal, propiedad colectiva de toda la población", dice. Por ello reclaman "más conciencia sobre el valor del monte, más allá del económico". Desde los años 90, el abandono de tierras agrarias y la presión urbanística han dejado al monte "contra las cuerdas". Son otros factores a los que hacer frente, porque explican, además de la climatología extrema y la falta de previsión, los incendios de 2006.