13.2.2005
La noticia que sigue, de La Voz de Galicia, es uno de tantos presuntos casos que
se dan en el PP gallego, corrupción por una u otra vía. En Lugo, un fiscal de
apellido Izaguirre está descubriendo continuos sentinazos populares.
Ahora le toca a Ourense, en Montederramo, por lo que se reproduce la noticia
para constancia del lector:
GALICIA , noticia de lavozdegalicia.es
El alcalde de Montederramo y tres ediles más serán juzgados mañana por
falsificación de documento público
Hora de actualización 15.20 horas
Todos pertenecen al Partido Popular.
(Firma: AGENCIAS | Lugar: OURENSE)
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El alcalde y tres ediles del municipio ourensano de Montederramo serán juzgados
en la audiencia provincial mañana por delitos de falsificación de documento
público y de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
Dichos delitos fueron denunciados hace más de diez años por el grupo socialista
del Ayuntamiento, y han sido determinados por el juzgado de instrucción de
Puebla de Trives.
En su denuncia, el PSOE aludió a la contratación realizada por el alcalde de
Montederramo, Antonio Rodríguez, al concejal Luis Martínez, como operario de la
brigada municipal de incendios, y la de su esposa como encargada de la emisora
de la estación de incendios.
Además, según denunció el PSOE de Montederramo, el alcalde pagó, entre los años
1990 y 1994 facturas por comidas a un establecimiento cuya titular también era
su esposa, y facturas por comidas y radiadores para el albergue municipal a otro
establecimiento cuya propietaria era la edil del PP Raquel González.
Un tercer edil que ya no lo es en la actualidad, Alberto Cacharrón, es el cuarto
imputado por participar, junto con los demás, en la aprobación de la
certificación de una obra en el municipio que resultó ser falsa y con pleno
conocimiento de los acusados de que el precio y las condiciones recogidas en el
documento no se ajustaban a la realidad.
El portavoz del PSOE en Montederramo, Juan José Domarco, indicó, en relación con
esta falsedad de documento público, que «la certificación falsa se aprobó con el
ánimo de obtener una subvención de otra administración pública que finalmente se
consiguió».
Acusaciones del fiscal
Por su parte, el ministerio fiscal, en su escrito de calificación, se centra en
la imputación por delito de falsificación de documento oficial contra el
alcalde, Antonio Rodríguez y los ediles Luis Martínez Gonzáles y Alberto
Cacharrón, como responsables de las obras en el municipio, para «conseguir en
1994 una subvención de 4000 euros para una obra de 36.000 euros».
La fiscal, en su escrito, pide las penas de cuatro años y medio de prisión,
cuatro años de inhabilitación y multa de 6.500 euros para cada uno de los tres
acusados pero pide el sobreseimiento provisional de esta causa de prevaricación.
Para su petición, la fiscal argumenta la «escasa relevancia no merecedora de
reproche penal los pagos de comidas y radiadores por estar justificados».
En relación a las contrataciones directas realizadas por el alcalde, el
argumento para el sobreseimiento es «la urgencia y falta de previsión normativa
en materia de extinción de incendios a finales de los años 80, aunque el
procedimiento empleado es antijurídico, no tiene relevancia penal por tratarse
de un municipio muy pequeño, sin asesoramiento legal ni órganos técnicos de
apoyo».
El coste de estas contrataciones, según el escrito de la acusación particular,
fue de 6.200 euros para el edil Luis Martínez, como operario de la brigada de
incendios y por poner su vehículo a disposición del servicio y de otros 1.200
por el contrato de la esposa del alcalde.
El juicio incluirá el interrogatorio de los acusados y, por parte del ministerio
fiscal, de cuatro testigos, una perito y pruebas documentales de las actas
plenarias de Montederramo.