El futuro de Ence enfrenta a los comuneros gallegos que en los últimos días se han posicionado en posturas diamentralmente diferentes en torno a la necesidad de ampliar y dar continuidad a la actividad industrial de Lourizán. Si el pasado fin de semana la Organización galega de comunidades de montes veciñais en man común que aglutina a unas 200 agrupaciones, reclamaron el traslado de Ence y la búsqueda de una ubicación idónea, fuera de la ría de Pontevedra, para la instalación de una gran y diversificada área industrial de transformación de la madera; ayer fue la Asociación "Man cómun", que dice agrupar a 450 comunidades de montes vecinales, la que salió a la palestra para dar su apoyo explícito a la manifestación pro Ence del próximo viernes y augurar que el cierre de la empresa "conllevaría la ruina" al sector forestal. Esta marcha lleva por lema "Polo emprego. En defensa do sector forestal galego. Papeleira en Lourizán" y está convocada por los comités del grupo Ence y CC.OO y FIA-UGT.

Manuel Míguez, portavoz de la asociación "Man Común" vinculó el futuro de los comuneros al grupo Ence y cuantificó las pérdidas del posible cierre de la factoría de Lourizán en 100 millones de euros anules para las comunidades y su entorno.

Estas pérdidas se distribuirían de la siguiente manera: 37 millones por la reducción de las compras de madera en rollo en más de 1,7 millones de metros cúbicos al año; 4 millones de euros más porque se dejarían de vender alrededor de 200.000 metros cúbicos de madera para leña; 35 millones de euros en salarios por trabajos de explotación forestal, cuidados selvícolas preventivos de incendios y mantenimiento de masas forestales y 21 millones de euros más por la reducción de los precios del metro cúbico debido al aumento de los costes del transporte.

Además, añadió, "aumentaría el desempleo en el mundo rural y favorecería el abandono del campo".

Frente a este diagnóstico, el portavoz de la Organización galega de comunidades de montes veciñais, Xosé Alfredo Pereira, afirma que ellos no ven su futuro ligado al cultivo del eucalipto sino que apuesta por una producción "multidisciplinar", diversificando los usos y aprovechamientos del monte, dentro de lo que se entiende por desarrollo sostenible: ganadería, agricultura, turismo rural, deportivo y ecológico, frutos del monte, así como el de maderas de calidad y otras actividades que redunden en el beneficio de la zona.

Sin contacto

Las dos macro-agrupaciones de comuneros caminan por sendas paralelas, sin intercambiar y confrontar sus posiciones y mientras que para unos hablar del traslado de Ence es una necesidad, para los otros plantearlo siquiera es "una insensatez".

Tal como reconoció Miguel Míguez, de la asociación "Man Común" "no participamos en su debate sobre Ence porque son minoría", obviando el dato de que la Organización de comunidades de montes veciñais suma cerca de 30.000 comuneros y la que él representa tiene en su haber a 36.000 vecinos. Cifras, ambas, aportadas por las respectivas organizaciones.

Por su parte, un portavoz de la Organización galega de montes veciñais restaba importancia a "Man Común" con un irónico "hay que preguntarse porque nunca se oyó hablar de ellos y porque salen justo ahora a la luz".

En una cosa sí están de acuerdo: en destacar la importancia del sector forestal en Galicia. Un sector estratégico para la comunidad autónoma, que aporta el siete por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) y genera aproximadamente 40.000 empleos.

Apuestas diferentes

La diferente valoración que hacen las dos organizaciones de comuneros sobre el papel que juega Ence en su futuro lleva a la asociación "Man Común" a hacer frente con el grupo pastero, los comités de empresa del citado grupo, los sindicatos CC.OO y FIA-UGT, las asociaciones empresariales locales (Cámara de Comercio y Aempe) y el PP para reclamar la continuidad del asentamiento industrial de Lourizán más allá de 2018 y el cierre del ciclo productivo en Lourizán. Y por su parte, conduce a la Organización galega de comunidades de montes veciñais, al igual que el gobierno local (BNG-PSOE), CIG, UGT y distintas asociaciones ecologistas, a exigir la apertura de un diálogo abierto y franco para buscar una ubicación alternativa a la fábrica de celulosa.

Hasta el momento, y si nos atenemos a las declaraciones públicas de los distintos implicados en el contencioso sobre el futuro de Ence, los únicos que se niegan a participar en un foro de diálogo sobre el traslado es la empresa, cuyo presidente, José Luis Méndez, responde con un lacónico "no" a dicha posibilidad.